El Derecho de Propiedad, un problema – Santiago Santana Cazorla

 

Santiago Santana Cazorla

Santiago Santana Cazorla

Suelo madrugar. Me gustan las sensaciones mañaneras. El olor a naturaleza de mi isla, Gran Canaria, me aclara las ideas. Con frecuencia reflexiono sobre el horizonte más inmediato de nuestro progreso, bienestar y desarrollo turístico y siempre llego a la misma conclusión: a veces hay que aplicar el sentido común porque, de lo contrario, nos arriesgamos sin necesidad a pecar más por exceso que por defecto.

 

La sensatez es una buena aliada de la naturaleza humana y en todas las ocasiones que la elijo como compañera de viaje, no me defrauda.

Y quiero subrayar esta última consideración porque junto al debate público y privado sobre rehabilitación turística, existe un foco de tensión en el que apenas hemos reparado: el derecho de propiedad, una losa que merma la modernización y que atenaza a Gran Canaria como la isla con peor perfil para competir en condiciones de igualdad ante los socios comerciales europeos.

En Canarias pueden calcularse unas 440.000 camas, de las que 240.000 pertenecen a planta hotelera y el resto de las 200.000 unidades corresponden a bungalows y apartamentos.

Debería ser un volumen lo suficientemente sólido como para garantizar la cifra récord de visitantes durante el pasado año, que se situó por encima de los 12 millones de personas.

Sin embargo, seamos realistas. Al menos 100.000 plazas están sometidas, por exigencias del mercado (o sea de nuestra relación con los turoperadores), a una renovación urgente que, según la Estrategia Inteligente del Gobierno regional, debe conquistarse en 2020.

Es decir, si tenemos que rehabilitar casi un cuarto de la oferta disponible en menos de seis años, debemos conocer de antemano las reglas de juego de un reto que, a priori, veo difícil. Es más, hoy por hoy, no lo tengo nada claro.

Como empresario, he superado tres crisis estructurales dolorosas. Y gracias a la constancia, me he mantenido, pero ahora, nos encontramos con un polizonte que se aloja en nuestros camarotes y, oiga, no hay manera de sacarlo ni siquiera para que le dé un rato el aire.

La modificación de las leyes de control sobre el territorio que hemos conocido en la última década, apenas se han asomado al fenómeno. Muchos creen que es imposible de limpiar el derecho de propiedad frente al derecho de explotación turística. Otros opinan que el nivel de pleiteo estaría servido, dándole así más fortaleza a los turoperadores. Pero yo me pregunto: ¿y el lío judicial actual? ¿A quién beneficia?

Yo, particularmente, afirmo que los problemas hay que encararlos para buscar una salida. Si no, vamos a arrastrar esa tapa de bidón otros 10 años y, para entonces, habremos perdido muchas oportunidades. Si no, el negocio en sí…

Se estima que el 80% de la planta extrahotelera de Gran Canaria está en manos de particulares y, según datos no oficiales, el 20% de los titulares habría fallecido con el paso del tiempo sin que sepamos quiénes son sus herederos y ante quién habría que lidiar para cuantificar una inversión capaz de ser amortizada en tiempo y forma.

O sea, un laberinto, un callejón sin salida con resultados desalentadores.

Imaginemos que las administraciones expropian aquellos espacios que no se adecuan a las exigencias del mercado. Imaginemos también una avalancha de reclamaciones. Imaginemos que Gran Canaria sufre las peores consecuencias de un atasco por los perjuicios a privados… Un caos.

La Administración, los partidos y los políticos están más que rodados para encontrar una salida. No podemos seguir enquistados en una posición en la que perdemos todos.

Conozco un caso reciente en el Sur gran canario. Son la cara y cruz de la misma moneda. Un grupo de apartamentos se ha reconvertido en realquiler a residentes a una media de 310 euros al mes. El complejo anexo, que es de otros promotores, firmó un preacuerdo con un grupo europeo para rehabilitarlo en su totalidad. Se garantizaban cuatro años de explotación de manera que salían los números. Cuando el turoperador giró una de sus visitas de calidad, comprobó que los realquilados afeaban el potencial de la zona y que, por tanto, el precio bajaba de inmediato. Conclusión: se frustró la operación para modernizar.

Vemos que, en la práctica, prevalece el derecho de propiedad. Campa a sus anchas en medio de una nebulosa, de una laguna jurídica oscura y dispersa, a la que no se quiere combatir sin que nos den explicaciones convincentes.

Bastaría con declarar de interés general determinadas áreas turística incluso aquellas edificadas que son ahora mismo inviables para el negocio. La facultad ha de recaer entre todas las administraciones sin distracciones ni miramientos. Urge equilibrar la planta hotelera entre las grandes islas para que estemos preparados cuando los mercados del Norte africano y de Oriente Próximo levanten cabeza.

Fíjense en Tenerife, donde el 75% de su oferta está basada en hoteles de cuatro y cinco estrellas. En

, en cambio, lo estamos pasando mal. La isla redonda está mediatizada por los propietarios sin que se apliquen medidas compensatorias como autorizar por la vía de urgencia nuevas construcciones sin necesidad de estar regidas por moratorias que no cumbre la realidad turística al completa.

Es el tiempo de los valientes y de no esconder la cabeza en la tierra.

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